En 2023, el Ayuntamiento de Gijón y IDCQ Inmuebles Hospitalarios Quirón firmaron un Convenio en el que el Ayuntamiento asumía, entre otras obligaciones, la de materializar los acuerdos de compraventa de los terrenos necesarios para la ampliación del Hospital mediante las correspondientes escrituras públicas.
El
Convenio fue firmado por la anterior alcaldesa del PSOE y ahora es la
alcaldesa de FORO quien lo ha defendido a capa y espada, llegando incluso a
plantear que, si Quirón y los propietarios no alcanzaban un acuerdo, sería el Ayuntamiento quien procedería a la expropiación.
Desde la
Corriente Sindical de Izquierda hemos llevado este asunto a los
tribunales, al considerar que estamos ante un Convenio fraudulento e
ilegal, una posición que seguimos defendiendo judicialmente.
El
Ayuntamiento de Gijón está utilizando el poder de una institución
pública para favorecer los intereses de una empresa privada. Y no de
cualquier empresa: de una multinacional sanitaria que pretende ampliar
su negocio y que, ahora, puede contar con la capacidad expropiatoria de
una Administración pública para facilitar la consecución de sus
objetivos.
¿De qué lado están las instituciones
públicas cuando ponen su capacidad de actuación al servicio de los
intereses de una empresa privada?
Porque
utilizar la expropiación una herramienta excepcional de la
Administración, vinculada a la defensa del interés general para
facilitar una operación de la que se beneficia una empresa privada
plantea una cuestión política de enorme gravedad.
Si
el Ayuntamiento consideraba que esos terrenos eran necesarios para
culminar la ampliación del Hospital de Cabueñes, lo que tenía que haber
hecho era expropiarlos en 2020, pagando el correspondiente justiprecio, y
ponerlos a disposición de la Consejería de Salud. En lugar de eso, optó
por firmar un Convenio de permuta con una multinacional sanitaria
privada que resulta extraordinariamente beneficioso para Quirón y
perjudicial para los intereses públicos.
La
expropiación debería utilizarse para defender el interés general, no
para hacerle el trabajo a una empresa privada ni para garantizarle el
suelo que necesita para ampliar su negocio.
Desde
la CSI lo decimos alto y claro: una Administración pública no puede
poner su capacidad, sus recursos y sus instrumentos de poder al servicio
de los intereses particulares de una multinacional. El Ayuntamiento
debe defender el interés general, no convertirse en el brazo ejecutor de
una operación empresarial.
EL BLANQUEO DE QUIRÓN EN ASTURIAS
Y aquí hay otra cuestión que tampoco vamos a permitir que se esconda: el blanqueo político de Quirón en Asturias.
Resulta
cuando menos llamativo que PSOE sea capaz de señalar y criticar
determinadas actuaciones de Quirón en Madrid, pero que cuando esa misma
empresa opera en Asturias algunos prefieran mirar hacia otro lado.
Es la misma Quirón. Exactamente la misma.
La
Quirón de Asturias es la misma multinacional que está en Madrid. El
nombre no cambia porque cruce Pajares. Lo que cambia es la vara de medir
de quienes aquí pretenden blanquearla.
Desde
la CSI no aceptamos esa doble vara de medir. Lo que está mal en Madrid
está mal en Asturias. Y si se denuncia a Quirón cuando interesa
políticamente, también habrá que denunciarla cuando sus intereses chocan
con la defensa de la Sanidad Pública en Asturias.
No
estamos ante una cuestión administrativa menor. Estamos ante una
Administración pública poniendo sus recursos y su capacidad de presión
al servicio de una empresa privada, mientras se utiliza incluso la
posibilidad de la expropiación para facilitar una operación vinculada a
sus intereses empresariales.
Mientras tanto, la
ciudadanía contempla cómo se facilita el camino a la sanidad privada
mientras la Sanidad Pública sigue necesitando recursos, inversiones y
una defensa política firme.
Desde la Corriente
Sindical de Izquierda lo tenemos claro: la Administración no está para
hacer negocios a las multinacionales. Está para defender los intereses
de la ciudadanía.
Este esperpento jurídico y
político montado por el Ayuntamiento de Gijón no defiende los intereses
de la ciudadanía y, desde luego, no defiende la Sanidad Pública.
Desde
la CSI seguiremos denunciándolo en los tribunales y en la calle. Porque
los servicios públicos no se entregan y el poder de una Administración
no puede ponerse al servicio de una multinacional.
Lo
público se defiende. A Quirón se la señala. Y las instituciones
públicas están para defender el interés general, no para favorecer
negocios privados.
